Tu consentimiento es el centro de la ley. Si has sufrido una agresión, tienes derecho a protección jurídica, asistencia integral y a que tu voz sea escuchada con plenas garantías.
Afrontar un procedimiento por delitos contra la libertad sexual es un proceso doloroso que requiere no solo un abogado penalista experto, sino un equipo que entienda la complejidad del trauma. Tras las recientes reformas del Código Penal, la distinción entre abuso sexual y agresión ha sido eliminada: ahora, cualquier acto sin consentimiento se procesa como agresión. Nuestra prioridad es evitar tu revictimización y asegurar que el responsable rinda cuentas ante la justicia.
Desde el momento en que decides dar el paso, nos encargamos de blindar tus derechos y asegurar que el proceso judicial sea lo menos lesivo posible para ti:
Al tratarse de delitos que suelen ocurrir en la intimidad, la estrategia probatoria es la clave del éxito. Trabajamos con peritos forenses y expertos en criminalística para aportar:
La ausencia de consentimiento es el eje del delito. Si la agresión se produjo bajo el efecto de sustancias que anularon tu voluntad (sumisión química) o aprovechando una situación de vulnerabilidad, utilizamos informes toxicológicos y periciales para demostrar la pérdida de capacidad de reacción.
Recuperamos y certificamos mensajes, grabaciones o cualquier rastro digital que demuestre el acoso, la coacción o la falta de consentimiento antes y después del suceso.
El daño moral y las secuelas psicológicas no solo sirven para acreditar el delito, sino para cuantificar la responsabilidad civil (indemnización) que el agresor deberá abonarte por el daño causado.
Sabemos que el miedo a declarar es el mayor freno para muchas víctimas. Por ello, solicitamos judicialmente medidas para proteger tu identidad y bienestar:
Desde el uso de biombos o videoconferencias para evitar el contacto visual con el agresor, hasta la celebración de vistas a puerta cerrada para que tu vida privada no sea expuesta públicamente.
Cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin que medie consentimiento libre, claro y expreso. Ya no es necesario demostrar que hubo violencia o intimidación para que el hecho sea castigado como agresión, aunque el uso de fuerza aumentará significativamente la pena impuesta.
El plazo de prescripción depende de la gravedad del delito y la pena asociada, pero generalmente oscila entre los 5 y los 15 años. No obstante, en el caso de menores de edad, el plazo de prescripción no empieza a contar hasta que la víctima cumple los 35 años.
La indemnización (responsabilidad civil) busca reparar el daño físico y moral. No hay una tabla fija, pero se valoran las lesiones sufridas, las secuelas psicológicas, los días de baja y el impacto en la vida diaria de la víctima.
Sí. El hecho de mantener o haber mantenido una relación afectiva o matrimonial con el agresor no legitima ningún acto sexual sin consentimiento. De hecho, en estos casos, la ley suele prever agravantes por la relación de confianza existente.
El testimonio de la víctima es prueba de cargo suficiente para condenar, siempre que sea coherente, persistente en el tiempo y no existan motivos de incredibilidad subjetiva (como una enemistad previa ajena al hecho). Además, reforzamos tu declaración con pruebas indiciarias y testimonios de terceros.
No permitas que el miedo detenga tu búsqueda de justicia. Contacta con nosotros para una primera consulta gratuita y totalmente confidencial.
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