Si ha sido investigado por un delito contra la libertad sexual, su presunción de inocencia y su libertad personal requieren una defensa técnica de la máxima especialización.
Enfrentarse a una acusación por agresión sexual implica enfrentarse a uno de los escenarios más complejos del Código Penal actual. La ausencia de pruebas directas y la centralidad del testimonio de la denunciante exigen una estrategia de defensa basada en el rigor probatorio, el análisis de las contradicciones y la protección de las garantías procesales del investigado.
Nuestra labor como defensa penal se centra en desvirtuar la carga de la prueba en procedimientos de agresión sexual y antiguo abuso sexual, asegurando que no se produzca una condena basada en meras conjeturas o testimonios incoherentes. Trabajamos sobre los siguientes ejes fundamentales:
En procedimientos donde la palabra de uno va contra la del otro, la prueba técnica es la que decide el caso. Colaboramos con expertos independientes para aportar luz sobre los hechos:
Analizamos los informes del Instituto de Medicina Legal para detectar fisuras o falta de rigor técnico. Un informe de credibilidad del testimonio puede ser cuestionado mediante peritos psicólogos de parte si presenta sesgos o contradicciones insalvables.
Utilizamos la informática forense para extraer y certificar mensajes de WhatsApp, audios, fotos y geolocalizaciones que puedan demostrar una realidad distinta a la denunciada, contextualizando la relación entre las partes.
Buscamos activamente pruebas testificales y grabaciones de cámaras de seguridad que puedan desmentir extremos clave de la acusación, fundamentales para solicitar el sobreseimiento de la causa en la fase de instrucción.
El derecho de defensa es sagrado, independientemente de la naturaleza del delito imputado. Velamos por que el proceso se desarrolle sin "juicios paralelos" y con estricto respeto a las normas:
Ejercemos una defensa activa en el plenario para asegurar que solo se valore prueba obtenida legalmente, impugnando cualquier evidencia que vulnere derechos fundamentales o que haya sido obtenida mediante coacción o engaño.
Las penas varían significativamente según las circunstancias. Por una agresión sexual básica, las penas pueden ir de 1 a 4 años, pero si existe acceso carnal (violación), la pena mínima sube a 4 años, pudiendo alcanzar los 12 o incluso 15 años si concurren agravantes como el uso de armas o la actuación en grupo.
Sí. La prisión provisional es una medida excepcional. Si logramos demostrar arraigo familiar, laboral y que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, el investigado puede permanecer en libertad durante toda la instrucción del proceso.
Aunque el testimonio de la víctima puede ser prueba suficiente, el Tribunal Supremo exige que cumpla tres requisitos: ausencia de incredibilidad subjetiva (venganza o enemistad), verosimilitud (que el relato sea lógico) y persistencia en la incriminación. Nuestra estrategia se enfoca en detectar dónde fallan estos requisitos.
Si durante la instrucción se demuestra que los hechos no ocurrieron o no son constitutivos de delito, solicitaremos el sobreseimiento libre y archivo de la causa. Una vez firme el archivo, evaluaremos la posibilidad de actuar contra la denunciante por denuncia falsa o simulación de delito.
Las acusaciones de sumisión química son muy graves y complejas. La defensa requiere un análisis exhaustivo de los informes toxicológicos. La ausencia de sustancias en los análisis o la demostración de que el consumo fue voluntario y no afectó a la capacidad de decidir son puntos clave de nuestra intervención.
Si ha recibido una citación o ha sido detenido, no espere. La calidad de su defensa hoy determinará su libertad mañana. Contacte con un especialista de inmediato.
Ofrecemos nuestros servicios en toda Asturias: Gijón, Oviedo, Avilés, La Felguera, Mieres, Sama, Pola de Siero, Piedras Blancas, Trubia
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